El Observatorio Universitario de Economía (OUE)* de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa publicó un nuevo informe titulado ¿Existen recursos fiscales para garantizar jubilaciones dignas?
El estudio fue realizado por Ariana Gómez, economista y docente de la Facultad. A través de esta investigación busca refutar el argumento de que el veto a la Ley 27.791 (Expediente CD 4/25) se debió a la falta de financiamiento. A lo largo del trabajo demuestra que dicho veto fue una decisión de política fiscal que vulnera derechos sociales fundamentales.
El informe revela que el costo anualizado de la ley vetada asciende a 0,78% del Producto Bruto Interno (PBI), un monto que podría ser cubierto con holgura reorientando el gasto público. La investigación destaca la existencia de gastos tributarios que equivalen al 3,54% del PBI, una cifra cuatro veces superior al costo de la ley. Estos beneficios impositivos, que en general tienen un carácter regresivo, refuerzan privilegios y demuestran que la austeridad del gobierno no es un principio universal, sino una medida selectiva. Es decir, que el Estado elige ajustar en áreas que afectan a los sectores más vulnerables mientras mantiene beneficios que favorecen a grupos concentrados de mayores ingresos.
“El veto a la ley de movilidad no es un acto de necesidad fiscal, sino una elección política que genera un daño tangible e irreparable a un segmento vulnerable de la población”, sostiene el informe. La evidencia recopilada demuestra que la consolidación fiscal del gobierno se construye sobre decisiones que priorizan equilibrios contables por encima de la dignidad y la protección social de las personas jubiladas.
Entre los principales hallazgos del estudio se destacan:
El sistema tributario argentino es ineficiente y predominantemente regresivo, ya que los impuestos a los consumos y las transacciones recaen de manera desproporcionada sobre los sectores de menores ingresos.
Las pérdidas de recursos por la evasión fiscal en 2023 se estimaron en 2,5% del PBI, lo que equivalió al 16% de la capacidad de recaudación impositiva nacional. La evasión de impuestos en Argentina se mantiene cerca del 50%.
El costo de la política financiera del gobierno, como los intereses de la deuda capitalizada, es significativamente mayor que el gasto en jubilaciones. Los intereses capitalizados representaron un 4,8% del PBI en los primeros cuatro meses de 2025, mientras que el costo de la ley vetada era de 0,78% del PBI.
La decisión de vetar la ley de jubilaciones se produce en un contexto agravado por la situación de las personas jubiladas, que ya enfrentan una profunda pérdida de poder adquisitivo. A pesar de que el DNU 274/2024 ató los haberes a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la jubilación mínima, incluso con el bono, solo alcanzó para cubrir entre el 20% y 30% de la canasta básica de un adulto mayor entre mayo y julio.
El informe concluye que, al redirigir los esfuerzos de política fiscal hacia la corrección de fallas estructurales como la evasión y los gastos tributarios regresivos, el Estado podría generar los ingresos suficientes para cubrir el costo de una actualización previsional sin sacrificar derechos sociales.
Puede leerse el trabajo completo aquí.
(*) Las consideraciones, opiniones y conclusiones desarrolladas en este informe corresponden únicamente a sus autores y no deben interpretarse como una expresión institucional.