El pasado lunes 30 de junio se reunió el Consejo Permanente de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La convocatoria estuvo a cargo de la presidenta pro tempore del Consejo, Laura Giosa, con el objetivo de avanzar en definiciones sobre el Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU) y recibir a integrantes de la Red de Clínicas Jurídicas.
En el marco de esta reunión de trabajo, y a partir de una propuesta presentada por el Decano Francisco Marull, se acordó un pronunciamiento en respaldo al Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario 2025, actualmente en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación.
A través de un comunicado, el Consejo advirtió que “la universidad pública enfrenta su crisis económica y financiera más grave en décadas”. Señalaron la depreciación salarial, el retraso de los fondos para gastos de funcionamiento, el colapso del sistema de becas y el desfinanciamiento científico como factores que “han llevado al sistema al borde del punto de quiebre”.
El organismo destacó que esta situación “exige una solución estructural que respete los principios republicanos, el valor del debate democrático y garantice el derecho humano a una educación pública y de calidad”. En ese sentido, manifestaron su adhesión al proyecto impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, al considerarlo “la respuesta que el sistema universitario viene reclamando mediante los canales institucionales”. También subrayaron que la iniciativa surgió del diálogo entre los distintos actores del sistema universitario y “garantiza un piso mínimo de recursos para salarios y funcionamiento, sin generar nuevos impuestos ni afectar el equilibrio fiscal”.
Finalmente, exhortaron a la Cámara de Diputados a “tratar este proyecto con la urgencia que la situación amerita, dentro del marco del debate democrático que caracteriza a nuestro sistema representativo”, y al Poder Ejecutivo a “asumir con responsabilidad la obligación que la Constitución le asigna, mediante la pronta promulgación de esta ley esencial”.
“El futuro del país está en juego, y el futuro se consolida con más democracia, más educación y más república”, concluyeron.