El Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales ratifica su compromiso con los derechos humanos y la perspectiva de género, y asimismo manifiesta su profunda inquietud por las políticas regresivas en materia de reconocimiento de derechos de las mujeres y personas LGTB+ por parte del gobierno nacional y rechaza las expresiones de odio dirigidas hacia integrantes de estos grupos.
El desmantelamiento acelerado de las políticas destinadas a erradicar la discriminación y las diversas formas de violencias de género, así como de otras áreas orientadas a la protección de distintos grupos vulnerabilizados, arrasa con consensos construidos durante largos años y constituye, desde el punto de vista constitucional y convencional, una violación a los derechos humanos. Es preciso recordar que estas políticas no responden a ideologías partidarias ni a intereses sectoriales, sino que son el resultado de consensos forjados a partir del 10 de diciembre de 1983 y consolidados en la Reforma Constitucional de 1994. Por tanto, no es legítimo apelar a concepciones superadas de igualdad, desconsiderando procesos constituyentes más recientes y representativos.
El desprecio manifiesto por categorías epistemológicas y jurídicas, como género e interseccionalidad, ampliamente reconocidas en los sistemas regional y universal de protección de los derechos humanos, sumado a la falta de consideración de mujeres para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, evidencia un proceso en el que el Estado Nacional incumple tanto obligaciones negativas como positivas en materia de derechos humanos.
Sostenemos que la construcción de una igualdad sustantiva, no sólo en materia de derechos de las mujeres y diversidades, sino también en el ámbito social, es un componente inescindible del estado constitucional de derecho y del sistema democrático y republicano de gobierno.
Rechazamos cualquier intento de vulnerar estos principios, ya sea de manera explícita o implícita.