A partir de un proyecto presentado por el Decano de la Facultad, Francisco Marull, el Consejo Directivo formalizó la creación de una Comisión de Apoyo para colaborar y asistir al “Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público”. Que a partir del 18 de agosto comenzó a analizar y elaborar un dictamen con propuestas y recomendaciones al Ejecutivo Nacional sobre posibles reformas vinculadas al funcionamiento de la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa y la implementación del Juicio por Jurados.

Forman parte del Consejo Asesor, el docente Andres Gil Dominguez, profesor titular de la cátedra Derecho Constitucional y la docente Marisa Herrera directora de la Maestría en Derecho Civil, ambas de la FCEyJ. “Es un tarea muy importante y extensa la que se le ha encomendado al Consejo Asesor. Marisa y Andres han sido convocados en su carácter de académicos y por ello entendimos que como comunidad debíamos ponernos a su disposición para asistirlos y acompañarlos a cumplir acabadamente su labor”, precisó Marull.

La profesora Leticia Lorenzo, adjunta del Taller de Litigación Penal, y el profesor José Moslares, adjunto de la cátedra de Derecho Constitucional, dos áreas íntimamente vinculadas a las temáticas que se encomiendan al Consejo, serán los coordinadores de la Comisión creada en la Facultad.

Por otra parte, el Decano explicó que la Comisión tendrá un carácter “abierto y participativo”, además de las y los docentes que coordinarán el proceso, estudiantes y docentes de distintas cátedras podrán sumarse y participar en la tarea. “Empezaremos a trabajar la semana que viene para junto a las y los integrantes del Consejo Consultivo avanzar en la revisión y análisis de antecedentes, normativas, experiencias e investigaciones que le puedan ser de utilidad para los objetivos que les fueron encomendados”.

Finalmente, el Decano señaló que la iniciativa se suma a una larga tradición de la Facultad de participación y compromiso en temáticas que hacen al funcionamiento del servicio de justicia y al acceso al ejercicio de los derechos por parte de las y los ciudadanos. “Participamos activamente en las comisiones provinciales para la discusión de la reforma procesal penal, procesal civil, laboral, de niñez y adolescencia, y en su momento también de una comisión que se creó en la Facultad para un proyecto de reforma del Código Penal nacional que nunca se logró aprobar ”, concluyó.